La barrera de los 14 años sirve para adelantar ciertos “derechos” de adulto a los menores en Internet. A partir de esa edad pueden abrir de forma legal un perfil en redes sociales y comenzar su vida digital. Pero aún son menores de edad sujetos a sus progenitores o tutores. ¿Hasta dónde llega su libertad? ¿Dónde terminan sus derechos? ¿Qué parcela de privacidad tienen los menores en Internet?

Internet y las redes sociales han cambiado por completo la forma de hacer prácticamente todo lo que se ha hecho durante siglos en una sociedad: relacionarnos, trabajar, aprender, comprar, divertirnos, cometer delitos… Con la llegada de los teléfonos inteligentes o smartphones, estas tecnologías y plataformas se han puesto en manos -literalmente- de cualquiera. Algo que introduce diferentes y complejos retos a nivel social. La legislación trata de superarlos, a menudo a rebufo de la evolución de estas realidades, cuando no de manera insuficiente o ineficiente.

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad es el papel de los menores en el mundo digital. A pesar de que alguna de estas redes sociales, caso de Tik Tok, prácticamente se enfocan a un público joven, adolescentes menores de edad incluidos, sus características y funcionamiento implican una serie de desafíos que probablemente nunca se podrán resolver.

Para empezar, las redes sociales son espacios inicialmente pensados para compartir e intercambiar información en cualquier formato. Fotografías, textos o vídeos son solo algunos de los elementos que conforman estos ecosistemas que relacionan a personas de todo el mundo en un mismo lugar digital. Son un espacio personal, una evolución de los primigenios weblogs (blogs) que ahora llevamos en el bolsillo y que, por su propia configuración, utilizan toda esa información que volcamos sobre nosotros para generar su modelo de negocio.

Por la percepción que todos tenemos que en Internet la mayoría de las cosas son gratuitas, no percibimos que, en las redes sociales, el mismo usuario es precisamente el producto más valioso. Un producto que vierte información extremadamente valiosa para marcas y empresas de todo el mundo, que fácilmente pueden encontrar con precisión milimétrica a sus futuros clientes, a los que muestran publicidad personalizada basada en su actividad digital.

Para lograr este modelo, es necesario traspasar ciertas líneas que la legislación solo ha empezado a tener en cuenta más de una década después del nacimiento de las primeras plataformas que han popularizado este sistema (a la sazón, Facebook o Twitter, y sus complementos o derivados posteriores -Instagram, TikTok, Snapchat, etc.-).

Esas líneas son claras: el modelo publicitario que plantean estas plataformas solo es posible si cada movimiento del usuario en Internet es observado, almacenado y analizado con la misma precisión milimétrica con que las marcas podrán dirigirse a ellos.

Cuando un usuario se registra en estas plataformas, acepta explícitamente estas reglas del juego, aunque generalmente ni siquiera se lee los términos y condiciones (que, como tales, se diferencian de un contrato en que, en este caso, es la red social la que pone las normas y el usuario simplemente puede aceptar o rechazarlas, en cuyo caso no podrá registrarse y no podrá utilizar la plataforma).

Si el usuario es mayor de edad, que una plataforma realice un seguimiento a su actividad digital no supone mayor problema si explícitamente se ha aceptado y se realiza conforme a unas normas. El problema surge cuando el usuario es menor de edad, dada la especial protección que la legislación otorga a estas personas.

Privacidad de los menores en Internet: ¿hasta dónde llega?

En Internet y en general, en las nuevas tecnologías, hay un viejo refrán que funciona muy bien:  es muy difícil poner puertas al campo. Debido a que los adolescentes van a querer utilizar unas plataformas en parte pensadas para ellos, el legislador ha debido equilibrar la especial protección a su privacidad con la posibilidad de que utilicen estas plataformas, lo que solventa a medias el desafío.

Así, el Reglamento General de Protección de Datos que la Unión Europea aprobó en 2016, y que busca reforzar el poder del usuario en este tipo de servicios digitales, estableció en la edad de 16 años el mínimo para considerar “lícito” el tratamiento de los datos personales de un menor de edad. No prohíbe que una persona menor de esa edad utilice estos servicios digitales, pero en ese caso obliga a que los padres o tutores legales lo aprueben explícitamente.

El Reglamento deja la puerta abierta a que cada Estado miembro limite aún más esta edad mínima, aunque no por debajo de los 13 años. Y España es uno de los países que lo hizo: en su reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) de 2018, rebaja la edad hasta los 14 años. De este modo, se amplía el rango de edad de quienes pueden registrarse en estas plataformas y comenzar a utilizarlas en igualdad de condiciones que cualquier adulto, pero al mismo tiempo ensancha en dos años la duración de esta especial protección, introduciendo a muchas más personas en un sistema que requiere un cuidado especial.

Ahora bien, esta legislación se enfoca al uso que se puede hacer desde el punto de vista comercial o empresarial de estos datos personales de menores de edad. Pero ¿qué margen de maniobra tienen los padres?

Padres e hijos en el ecosistema digital

La legislación, a priori, no establece unos derechos y deberes claros ni para el menor, ni para el progenitor o tutor legal. Porque, mientras que una red social puede rastrear la actividad digital de un menor de edad para ofrecerle publicidad, ¿qué capacidad de “rastreo” tiene un padre sobre las fotos que sus hijos comparten en redes sociales?

“Los menores mantienen sus derechos con independencia de la edad”, apunta Efrén Díaz, del Bufete Mas y Calvet. “Los padres no pueden acceder a los contenidos digitales de sus hijos menores, pero que son mayores de 14 años, pues afectaría al derecho a la intimidad del menor”, añade.

Esto significa que los padres o tutores no están amparados por ninguna legislación si desean revisar el móvil a sus hijos menores de edad para leer sus conversaciones de WhatsApp o comprobar qué fotografías han compartido en Instagram. Esas son parcelas privadas del menor, a pesar de estar sujeto a la patria potestad de sus padres.

Y existe una tercera cara de este asunto: el derecho de los padres a compartir imágenes de sus hijos menores. Porque, del mismo modo que la legislación protege la privacidad de los menores en su actividad digital, también lo hace como sujetos pasivos respecto a las actividades de sus padres. En pocas palabras: los padres no siempre pueden exponer a sus hijos en sus redes sociales, un comportamiento cada vez más frecuente y que supone una contrariedad si tenemos en cuenta que en medios de comunicación está prohibido, como norma general, mostrar a menores sin el consentimiento expreso de los padres.

Que un padre o una madre compartan una fotografía de sus hijos en redes sociales podría suponer un consentimiento más o menos implícito. Pero no se trata de un derecho absoluto, ya que debe existir tanto una conformidad de ambos progenitores, como cierto permiso del propio menor si tiene capacidad de decidir. En España, no obstante, no existe una legislación clara al respecto, pero en Francia se multa con hasta 45.000 € y un año de cárcel a los progenitores que vulneren la privacidad de sus propios hijos compartiéndolos en redes sociales. Y en Italia, una polémica sentencia condenó a una madre a eliminar de su perfil de Facebook todas las fotografías en las que aparecía su propio hijo, un adolescente (que quizás incluso tenga su propio perfil en dicha red social).

Por lo tanto, la privacidad de los menores en Internet es un asunto un tanto complejo que la legislación de los últimos años ha tratado de poner en orden. No obstante, según avance la tecnología, y con ella los usos sociales, habrá que revisar y poner al día dicha legislación.

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